En el pasado Consejo de Ministros del viernes 13 se aprobó por fin la Nueva Ley General de Telecomunicaciones, (LGT). Con ello se actualiza la normativa para adaptarla a los cambios de un sector tan dinámico como el de las comunicaciones y favorecer el desarrollo de la economía digital. La nueva ley tratará de eliminar barreras para el despliegue de nuevas redes y fomentar la competitividad entre los operadores.
A la hora de que los operadores puedan desplegar nuevas redes dos son los cambios más importantes. Por un lado, se facilitará el despliegue de redes en los edificios de redes ultrarápidas, es decir de fibra, donde ahora si un sólo vecino desea este servicio la comunidad de vecinos no podrá oponerse al despliegue. O dicho de otra manera, se acabó limitar el acceso de una red porque tengan que tender cables por la fachada y a alguien lo le guste.
Por otro lado para el despliegue de redes de fibra se suprime la necesidad de contar con licencia municipal, donde las licencias serán sustituidas por declaraciones de responsabilidad de las empresas operadoras. Además se facilitará el despliegue de las redes por canalizaciones y conductos de titularidad pública, pero también de otros operadores privados.
Este último quizás es el aspecto más controvertido, puesto que habrá que regular en que condiciones se permiten el acceso a sus canalizaciones entre los distintos operadores. Este sector no está exentos de continuas reclamaciones entre los distintos operadores ante el organismo regulador por supuestos abusos de distintos operadores, tanto en sus ofertas como en el acceso de canalizaciones que ya los han enfrentado en el pasado.
Por último, una modificación que llega con esta LGT y que ha pasado desapercibida es que los certificados electrónicos del DNIe pasan a tener una validez de cinco años y no de dos, como ocurría hasta ahora, algo que hará un poco más cómodo su uso, sobre todo para los que lo utilizamos más de vez en cuando.
El efecto secundario de todas estas facilidades que ahora tendrán los operadores debe ser un menor coste en el despliegue, una mayor rapidez en el mismo. Falta por ver si esto se traduce en beneficios para empresas y particulares con un menor precio y mejores coberturas de red, algo que nos ayude a ponernos al nivel de los países de nuestro entorno y haga a las empresas más competitivas.
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